Autor: Fernando Fdez. Ruiz

Economista REC REAF

En el post de hoy, analizamos la controvertida cuestión sobre los gastos por renting y su carácter deducible en el IRPF de los profesionales y empresarios autónomos en dicho tributo.

En este caso, la Dirección General de Tributos ha aclarado que si bien la afectación del vehículo rige por los artículos 29.2 de la LIRPF y 22 del RIRPF, los gastos asociados al arrendamiento de este se determinan, para los autónomos en estimación directa, conforme a las normas del Impuesto sobre Sociedades.

Similar aceptación del caso del renting de un vehículo podemos extrapolar a elementos de inmovilizado como equipos informáticos o equipamiento técnico.

Los autónomos son trabajadores que realizando la ordenación por cuenta propia de medios materiales y humanos desarrollan una actividad económica. Esta actividad puede incardinarse dentro de todos los ámbitos del espectro empresarial y en ocasiones se muestra necesario la utilización de determinados medios o herramientas que por su coste supondrían una inversión inasumible para, la mayoría de situaciones, una empresa individual.

Es por ello que muchos recurren a alguna modalidad de arrendamiento para llevar a cabo su actividad. En particular, en el ámbito de los vehículos se distinguen las modalidades de leasing o renting. La Dirección General de Tributos en Consulta Vinculante (V1937-21), de 21 de junio de 2021, ha llevado a cabo un análisis del arrendamiento de un vehículo en la modalidad de renting por un abogado que decide emplearlo tanto para fines profesionales como personales.

De este modo, determina la mencionada consulta efectuada a la Dirección General de Tributos comparte el siguiente criterio:”….para que el vehículo tenga la consideración de elemento patrimonial afecto sería necesaria la afectación exclusiva a la actividad, salvo que se trate de una actividad recogida en el apartado 4, y sólo desde esta perspectiva podrían considerarse deducibles los costes y gastos ocasionados por su adquisición y utilización. No operando la deducibilidad en el IRPF si no existe esa afectación exclusiva.

Manifestada la necesidad de la afectación exclusiva del vehículo a la actividad, en el caso de que la tenencia del vehículo derivase de un contrato de renting, para la deducibilidad de las cuotas derivadas de la operación de renting se debe acudir al artículo 30 de la Ley del Impuesto, que dispone que el rendimiento neto de las actividades económicas se determinará “según las normas del Impuesto sobre Sociedades…”Y por lo tanto, concluye, respecto al contrato de renting que tendrán la consideración de gasto fiscalmente deducible la carga financiera satisfecha a la entidad arrendadora y la parte de las cuotas de arrendamiento financiero satisfechas correspondiente a la recuperación del coste del bien, esta última con el límite del importe que resulte de aplicar a dicho coste el duplo (el triple, si tiene la consideración de empresa de reducida dimensión) del coeficiente de amortización lineal según tablas de amortización oficialmente aprobadas que corresponda al citado bien. El exceso será deducible en los períodos impositivos sucesivos, respetando igual límite».

Así que podemos resumir la figura del renting como una fórmula que se adecua a cubrir las necesidades de equipamiento de los empresarios autónomos ante el rechazo de la administración tributaria a aceptar la adquisición de un vehículo como deducible, salvo que se utilice exclusivamente al 100% en su actividad y en ningún caso, ni mínima que sea, para uso particular.

FISCALIDAD NACIONAL

TRIBUTACION – RECAUDACION EJECUTIVA

Autor: Fernando Fdez. Ruiz

Economista

Los embargos que lleva a cabo la AEAT sobre salarios, pensiones, etc… se encuentra recogido en el RD 939/2005 (RGR) y más concretamente, el art. 82 de dicha norma regula el embargo de este tipo de prestaciones. Así, una persona que perciba un salario o pensión inferior al SMI, no podría ser embargada, o si es superior, podría embargarse un 30% del segundo tramo (SMI x 2), un 50% del tercer tramo (SMI x 3), etc…..

Asentado lo anterior, el TEAC en fallo de 18 de octubre de 2021, ha entrado a valorar la situación del embargo del derecho a las prestaciones del partícipe en un plan de pensiones, si éste se encuentra recogido en el art. 93, ya que el perceptor solicitaba que se le aplicase esta limitación de embargo para no ser embargada la totalidad de las cantidades percibidas.

Este fallo, determina que, el hecho de que una de las causas del derecho a la prestación de un plan de pensiones sea la jubilación, invalidez, o desempleo de larga duración, no hace que por ello adquiera la consideración de sueldo, salario o pensión, al margen de su tributación en el IRPF. Es decir, estaríamos en el escenario en el que esta percepción se trata de un derecho de crédito cuya efectividad se produce cuando tenga lugar alguna de las contingencias previstas en el art. 8.6 del RDLeg. 1/2002 (TR Ley Planes y Fondos de Pensiones), por ejemplo, la jubilación del beneficiario.

En consecuencia, con el fallo emitido por el TEAC, no son aplicables los límites del art. 607 de la Ley 1/2000 (LEC) a los derechos sobre prestaciones de un plan de pensiones, siendo aplicables únicamente al embargo de sueldos, salarios y pensiones. ¿Y qué quiere decir esto? Que esos derechos de créditos no tienen la limitación del art.607 LEC de embargos de salarios, pensiones, etc… sino que pueden ser embargados como créditos y, por tanto, su total embargo sin límite de cuantía alguna.

Para cualquier consulta o duda, puede contactar con nosotros en http:://asesorfiscalmalaga.com/contacto/

FISCALIDAD NACIONAL

Autora: Patricia Lara Narváez

Economista

Acercándose la fecha de la puesta en marcha de su aplicación el próximo 1 de enero de 2022, en este post comentamos la novedad que se publicó el pasado 10 de julio en el BOE la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que, entre otras reformas tributarias de gran alcance, supone una carrera para adecuar los programas de contabilidad y facturación a las nuevas exigencias establecidas por esta nueva ley antifraude. En el pasado, la doctrina nos ha mostrado una aproximación al concepto de software de doble uso, que podríamos entenderlo como aquel que permite llevar de forma automática dos contabilidades, una de las cuales de forma opaca que sirve para ocultar ventas, o, directamente, programas informáticos que permiten ocultar ventas a efectos del fisco. En el ámbito español, pese a la temprana advertencia internacional, la batalla se ha ido librando mediante armas que la ley ponía a disposición de la Administración, observando las Directrices del Plan Anual de Control Tributario de 2015, en las que se alude a las actuaciones desarrolladas por la Agencia Tributaria poniendo de manifiesto la existencia en determinados negocios con herramientas informáticas específicas para la ocultación de ventas y manipulación de la contabilidad.

El plazo de prescripción de las infracciones tributarias tipificadas en el art. 201 bis de la LGT, es de cuatro años, pero existen diversas reglas de aplicación. El art. 189.2 contiene la regla según la cual el plazo comenzará a contarse desde el momento en que se cometieron las correspondientes infracciones. Sin embargo, en las infracciones de comercialización y tenencia de software de doble uso, ha de acudirse a la norma 30.2 de la LRJSP, que manifiesta que “En el caso de las infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora”.

Pues, llegados a este punto, debemos destacar por importancia, las sanciones correspondientes que serán de aplicación a estos supuestos, todo ello conforme al art. 201 bis.4 LGT:

1. Fabricación/producción/comercialización:150.000 euros por “cada ejercicio económico” con ventas por cada tipo distinto de software. Además, 1.000 euros por cada software sin certificar pese a cumplir los requisitos de garantía.

2. Tenencia: 50.000 euros por cada ejercicio de tenencia de software sin certificación obligatoria que incumpla los estándares de garantía, o certificado pero manipulado. No se sanciona por cada tipo de software.

Autor: Fernando Fdez. Ruiz Economista REC REAF

Fiscalidad nacional

Desde su nacimiento, el tratamiento que se puede dar en estos casos de las deudas con Hacienda y la Seguridad Social ha sido objeto de controversia por su difícil interpretación y, ello, por causa de una redacción poco clara, que, en definitiva, ha terminado por ser juzgada por el Tribunal Supremo pronunciándose en julio de 2019 sobre si este tipo de deudas pueden quedar exoneradas o no.En el fondo, se trataba de saber si estas deudas, conocidas como créditos públicos, que en principio no son exonerables, pueden quedar incluidas de algún modo en el plan de pagos que presenta el deudor insolvente. Antes de llegar al fondo de este asunto, es necesario conocer cómo funciona la segunda oportunidad.La denominada Ley de Segunda Oportunidad es de aplicación a particulares y a autónomos, sirviendo para que cuando se den los casos en que se conviertan en insolventes de buena fe, éstos puedan liberarse de sus deudas totalmente o, al menos, en una parte de las mismas.Los requisitos para que un particular insolvente sea reconocido como que lo es de buena fe, la normativa exige:

• Que el concurso de acreedores no se califique de culpable.

• Que el particular no haya sido condenado por delitos económicos, sociales o documentales.

• Haber intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos.

• Que se hayan pagado los créditos contra la masa y los privilegiados (deudas ‘obligatorias’) y un 25% de los ordinarios.

• Si no se reúne el requisito anterior, deberá proponer un plan de pagos para esas deudas.

• No haber utilizado este mismo mecanismo recientemente (10 años) ni haber rechazado ofertas de empleo en 4 años.

Si se dan estos requisitos, el particular insolvente puede acceder al beneficio de exoneración.El beneficio de esta exoneración, permiten al deudor de buena fe insolvente no tener la obligación de pagar las deudas que le queden pendientes tras liquidar todo su patrimonio.En este sentido, se contemplan dos posibilidades:

1. La exoneración definitiva: cuando el particular insolvente de buena fe cumple los requisitos explicados arriba y se exoneran todas las deudas pendientes, incluyendo las de Hacienda y la Seguridad Social.

2. La exoneración provisional: si el deudor de buena fe no cumple los requisitos, pero acepta un plan de pagos. A cambio, los acreedores pueden hacer que se revise o anule esta exoneración dentro de los 5 años siguientes si se dan unas circunstancias, especialmente si mejora la situación económica del deudor. Esta modalidad se conoce como ‘provisional’, porque depende de que se cumpla el plan de pagos.Respecto a las deudas con Hacienda y Seguridad Social, la controversia por las deudas con Hacienda surge por una incongruencia de la propia ley y por eso, la sentencia confirma que sí se pueden incluir las deudas con Hacienda y la Seguridad Social en el plan de pagos. Y le recuerda a la AEAT que la Ley de Segunda Oportunidad nace para ayudar a los deudores a empezar de nuevo.Así, los créditos públicos no pueden incluirse de inicio en el acuerdo extrajudicial, por estar sujetos a normativa tributaria. Sin embargo, una vez declarado el concurso de acreedores consecutivo, pasan a sujetarse a la norma concursal. Una vez alcanzado este punto, ya no es Hacienda quien decide sobre el pago de estas deudas, si no el juez competente. Y este podrá decidir si las deudas se fraccionan o no y si se exonera parte de su pago. Con este mecanismo, se consigue que particulares y autónomos que han actuado de buena fe ahora puedan de verdad liberarse de las deudas a las que no pueden hacer frente y continuar sus vidas con una nueva oportunidad.

Si tiene cualquier duda o consulta, puede contactar con nosotros en http://asesorfiscalmalaga.com/contacto/

AUTOR: FERNANDO FERNÁNDEZ RUIZ

MATERIA: TRIBUTACION – LEY GENERAL TRIBUTARIA – RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA

La cuestión controvertida en la presente lectura consiste en determinar si es conforme a derecho la declaración de responsabilidad subsidiaria comprendida en el art. 43.1.b) de la Ley 58/2003 (LGT) al representante persona física de la sociedad administradora de otra sociedad mercantil deudora principal, todo ello cuando esta última haya cesado en sus actividades, todo ello por las obligaciones tributarias devengadas que se encuentren pendientes de pago en el momento del cese, siempre que, en el presente caso, el representante persona física no hubiese hecho todo lo necesario para su pago o hubiese adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago.

Conforme a la normativa actual en la Ley 58/2003 (General Tributaria), se establece que serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias devengadas de las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago, exclusivamente los administradores de hecho o de derecho de las mismas.

Si bien todo lo anterior, debemos de tener en consideración que la figura del administrador de una persona jurídica es un concepto regulado por la normativa mercantil. Por ello, la referencia a los administradores de hecho o de derecho -como potenciales responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias pendientes de pago de las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, obliga a examinar tales figuras desde la perspectiva del Derecho mercantil.

De este modo, habremos de analizar si al representante persona física de la persona jurídica administrador se le puede calificar como “administrador de hecho o de derecho” dentro de propia normativa mercantil pues, sólo en este caso y si se diera tal circunstancia, se le podría derivar, en consecuencia, la responsabilidad que se le trata de imputar.

Y en ese sentido, podemos tener como conclusión que la equiparación que la normativa mercantil hace entre la persona jurídica administrador y el representante persona física designado por ella permite entender que sí cabe exigir al amparo del art Ley 58/2003 (LGT) la responsabilidad tributaria subsidiaria del representante persona física de la persona jurídica administrador por las obligaciones tributarias pendientes de la sociedad deudora principal siempre que no hubiese hecho lo necesario para su pago o hubiese adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago.

Observamos pues como la clave del asunto viene a examinar si el responsable subsidiario haya hecho, respecto a la deuda, lo necesario para su pago o hubiese adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago, lo cual, en caso de haberlo llevado a cabo, le eximiría de dicha responsabilidad.

Así ha sido expuesto por resolución del TEAC de fecha 18/10/2021.