Autor: FERNANDO FERNANDEZ RUIZ

Economista REC REAF

Si está interesado en solicitar la reclamación indemnizatoria por el CÁRTEL DE COCHES, en Taxacio Consulting podemos gestionar desde la reclamación a la mercantil, el informe pericial como el resto del procedimiento para obtener la indemnización que le pueda corresponder.

¿QUÉ ES EL CÁRTEL DE COCHES?El denominado «cártel de coches», a través del cual 21 empresas fabricantes y distribuidoras de marcas de automóviles en España (y 2 empresas consultoras), intercambiaron información comercialmente sensible y estratégica en el mercado español de la distribución y los servicios de postventa de vehículos de las marcas participantes, y todo ello conllevó un incremento en los costes de adquisición de los vehículos y así, el 23 de julio de 2015, por medio de la resolución S/0482/13, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó con una multa de 171 millones de euros a 21 empresas fabricantes y distribuidoras de marcas de automóviles en España por prácticas restrictivas de la competencia. La CNMC consideraba que dichas prácticas eran constitutivas de cártel.

¿QUÉ MARCAS FUERON SANCIONADAS?

• Alfa Romeo.• Audi.• BMW.• Chevrolet.• Chrysler.• Citroën.• Dodge.• Fiat.• Ford.• Honda.• Hyundai.• Jeep.• Kia.• Lancia.• Land Rover.• Lexus.• Mercedes Benz.• Mitsubishi.• Nissan.• Opel.• Peugeot.• Porsche.• Renault.• Seat.• Toyota.• Volkswagen.• Volvo.No obstante, tanto a SEAT, S.A., como a Volkswagen Audi España, S.A. y Porsche Ibérica, S.A., pertenecientes a su Grupo, por su condición de solicitantes de clemencia., es decir, aportaron pruebas para ordenar las inspecciones realizadas por la CNMC.

¿CÓMO RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN?

Los puntos importantes para poder reclamar una indemnización por el cártel de coches son los siguientes:• La fecha de adquisición del vehículo.• Documentación necesaria para poder reclamar.• Un Informe pericial.a) Fecha de adquisición del vehículo.

Debemos tener en cuenta que podrán reclamar aquellos que hubiesen comprado (o adquirido el vehículo por medio de un leasing o renting) en los años 2006 a 2013.b) Documentación necesaria para poder reclamar.

En primer lugar, sería necesario acreditar la forma de adquisición del vehículo y el precio al que fue pagado. Para ello, se podrá aportar la factura de compra del vehículo, el contrato de leasing/renting, el contrato de financiación para adquirir el vehículo, etc.En segundo lugar, contar con la ficha técnica y el permiso de circulación del vehículo. c) Informe pericialContar con informe pericial para poder cuantificar el daño económico causado al consumidor, el sobrecoste sufrido por la adquisición del vehículo.

¿CUÁNTO SE PODRÍA RECLAMAR?

Aproximadamente estaríamos hablando entre un 10% y un 15% del coste del vehículo, es decir, entre los 2.000 y los 9.000 euros.

¿CUÁL ES EL PLAZO PARA RECLAMAR?

Puede entenderse que el agraviado por el cártel de coches (en la actualidad) ha tenido un conocimiento cabal de estos hechos desde las sentencias del TS de este año 2021, siendo el plazo de UN AÑO.

MATERIA: TRIBUTACIÓN

TRIBUTO: IRPF

AUTOR: FERNANDO FDEZ RUIZ

ENUNCIADO DEL CASO DE ESTUDIO

¿Cómo debería ser la tributación para el beneficiario de un seguro de vida cuando se da la circunstancia del fallecimiento del tomador del seguro?

¿Estaríamos en un caso de tributación por IRPF o por ISD?

RESOLUCIÓN

En el supuesto mencionado en el planteamiento (=fallecimiento del tomador), es preciso tener en cuenta que cuando contratante y beneficiario sean personas distintas, las cantidades derivadas del seguro estarán sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En términos generales: 

• Cuando contratante (tomador) y beneficiario coincidan en la misma persona>, las cantidades derivadas del seguro estarán sujetas al IRPF.
• Cuando contratante y beneficiario sean personas distintas, las cantidades derivadas del seguro estarán sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

NORMATIVA

El artículo 3.1.c) de la LISD, establece que:

‘c) La percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida, cuando el contratante sea persona distinta del beneficiario, salvo los supuestos expresamente regulados en el artículo 16.2 a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias.”

Por su parte, el artículo 6.4 de la LIRPF, establece:

‘4. No estará sujeta a este impuesto> la renta que se encuentre sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.”

En relación con las normas especiales en materia de seguros, el artículo 39 del RISD, aprobado por el Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, determina que:

“1. En la percepción de cantidades procedentes de contratos de seguro sobre la vida para caso de muerte del asegurado, constituirá la base imponible el importe de las cantidades percibidas por el beneficiario. Estas cantidades se acumularán al valor de los bienes y derechos que integren la porción hereditaria del beneficiario cuando el causante sea, a su vez, el contratante del seguro individual o el asegurado en el seguro colectivo.

2. Cuando el seguro se hubiese contratado por cualquiera de los cónyuges con cargo a la sociedad de gananciales y el beneficiario fuese el cónyuge sobreviviente, la base imponible estará constituida por la mitad de la cantidad percibida.”

MATRIMONIO EN GANANCIALES (Precisión importante): 

En el supuesto en que el beneficiario es el cónyuge supérstite y las primas se hubiesen satisfecho con cargo a la sociedad de gananciales, se tributará parcialmente por ambos impuestos, tal y como prevé el apartado 2 del artículo 39 del RISD, que establece que la base imponible de este impuesto estará constituida por la mitad de la cantidad percibida.

Consecuentemente, la otra mitad tributará en el IRPF, en concepto de rendimientos del capital mobiliario, conforme al artículo 25.3.a).1º de la LIRPF, según el cual:

“1º) Cuando se perciba un capital diferido, el rendimiento del capital mobiliario vendrá determinado por la diferencia entre el capital percibido y el importe de las primas satisfechas.

(…)”.

MATERIA: TRIBUTACIÓN

TRIBUTO: IRPF

AUTOR: FERNANDO FDEZ RUIZ

ENUNCIADO DEL CASO DE ESTUDIO

En el presente caso, analizamos la situación de un trabajador con discapacidad que a la vez concurre en ser administrador y socio mayoritario de la sociedad mercantil que le abona los salarios como trabajador.

RESOLUCIÓN

La reducción para trabajadores activos con discapacidad establecida en el art. 19.2 de la LIRPF  señalar que:

“(…) Tratándose de personas con discapacidad que obtengan rendimientos del trabajo como trabajadores activos, se incrementará dicha cuantía en 3.500 euros anuales. Dicho incremento será de 7.750 euros anuales, para las personas con discapacidad que siendo trabajadores activos acrediten necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento. (…)”

Hay que acudir a la Resolución Vinculante de DGT, V2040-17, 27-07-2017 la cual señala que para la aplicación de la citada reducción (Trabajador activo discapacitado) se requiere que concurran simultáneamente, durante cualquier día del período impositivo, las siguientes circunstancias:

Ser trabajador en activo.

Tener el grado de discapacidad exigido, que deberá acreditarse conforme a lo previsto en el artículo 72 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE de 31 de marzo).

Atendiendo a lo anterior, el sujeto pasivo de nuestro caso de estudio, cumpliría con los requisitos establecidos.

Por otra parte, el concepto de trabajador activo ha sido tratado por el Tribunal Económico–Administrativo Central, en Resolución de fecha 6 de noviembre de 2008, en cuya virtud se acuerda en Recurso Extraordinario de Alzada para la Unificación de Criterio que:

“la expresión “trabajador en activo” recogida en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no engloba a cualquier perceptor de rentas del trabajo sino que, debe entenderse como aquél que percibe este tipo de rentas como consecuencia de la prestación efectiva de sus servicios retribuidos, por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.”

Con respecto al citado requisito de prestación de servicios por cuenta ajena, cabe indicar que el artículo 1.2 c) de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, declara expresamente incluidos en el ámbito de aplicación del Estatuto, es decir, excluye de la relación laboral, a “quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad mercantil capitalista, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, cuando posean el control efectivo, directo o indirecto de aquélla, en los términos previstos en la disposición adicional vigésima séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de julio”.

Por su parte, la letra b) del apartado 2 del artículo 305 del actualmente vigente Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley  General de la Seguridad Social (BOE de 31 de octubre), declara expresamente comprendidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a los siguientes:

“b) Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad de capital, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, siempre que posean el control efectivo, directo o indirecto, de aquella. Se entenderá, en todo caso, que se produce tal circunstancia, cuando las acciones o participaciones del trabajador supongan, al menos, la mitad del capital social.”

Por tal motivo, podemos deducir que cuando el administrador y socio de una entidad se encuentra dado de alta en el RETA (se deduce que no presta sus servicios en el marco de una relación laboral), no es aplicable por tanto la reducción por trabajador activo discapacitado a que se refiere el artículo 19.2 de la LIRPF, todo ello, al carecer del carácter de relación laboral necesario para ello.

NORMATIVA

RDLeg. 8/2015 de 30 de Oct (TR. Ley General de la Seguridad Social -LGSS-)

Boletín: Boletín Oficial del Estado  Número: 261 

Fecha de Publicación: 31/10/2015 

Fecha de entrada en vigor: 02/01/2016 

Órgano Emisor: Ministerio De Empleo Y Seguridad Social

Ley 35/2006 de 28 de Nov (IRPF -Impuesto sobre la renta de las personas físicas-)

Boletín: Boletín Oficial del Estado  Número: 285 

Fecha de Publicación: 29/11/2006 

Fecha de entrada en vigor: 01/01/2007 

Órgano Emisor: Jefatura Del Estado