Renta: Novedades para la campaña 2024-2025

El inicio de la campaña de Renta tendrá lugar el próximo 2 de abril, pudiéndose presentar la declaración hasta el 30 de junio o, en su caso, hasta el 25 de junio si se opta por domiciliar el primer pago.

Para el año 2024 se han introducido diversas novedades, analizadas por EXPANSIÓN y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE), que conviene tener en cuenta con el fin de optimizar la factura fiscal.

Obligación de presentar la declaración

En relación con la obligación de presentar la declaración, se ha elevado el límite de ingresos anuales que exonera de la obligación de presentar, hasta los 15.876 euros (anteriormente fijado en 15.000 euros), cuantía que coincide con el importe del Salario Mínimo Interprofesional vigente en 2024, para aquellos contribuyentes que perciban rendimientos del trabajo procedentes de dos pagadores distintos o sujetos a un tipo fijo de retención, entre otros supuestos.

Ayudas a la Dana

Asimismo, se establece que estarán exentas las cantidades abonadas de manera extraordinaria por las empresas a sus empleados y familiares para cubrir los daños personales y materiales sufridos en su vivienda, enseres y vehículos a causa de la dana ocurrida en 2024. Para la aplicación de esta exención, es necesario que dichas cantidades sean adicionales al salario habitual del empleado, que la condición de afectado y el importe de los daños se acrediten mediante certificado de la empresa aseguradora o de un organismo público en caso de no existir seguro, y que los pagos se efectúen entre el 29 de octubre y el 31 de diciembre de 2024.

Rendimientos por alquiler de inmuebles

En cuanto a los rendimientos derivados del alquiler de inmuebles, a partir del 1 de enero de 2024 se establece que el porcentaje de reducción aplicable por el propietario cuando el inmueble se destine a vivienda habitual del inquilino será, con carácter general, del 50% para los contratos de arrendamiento firmados a partir del 26 de mayo de 2023. No obstante, esta reducción podrá incrementarse hasta el 90%, 70% o 60% si se cumplen determinadas condiciones, como que la vivienda se encuentre en una zona de mercado residencial tensionado, que el inquilino sea una persona joven o que el propietario reduzca el importe del alquiler.

Método de estimación objetiva (módulos)

Para el ejercicio 2024, se prorrogan los límites cuantitativos que determinan la aplicación del método de estimación objetiva, con la excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que cuentan con su propio límite cuantitativo en función del volumen de ingresos. Además, en este período se establece que el rendimiento neto previo de las actividades agrícolas y ganaderas podrá minorarse en un 35% del precio de adquisición del gasóleo agrícola y en un 15% del precio de los fertilizantes necesarios para el desarrollo de estas actividades. En el caso de los contribuyentes que desarrollen actividades económicas en la Isla de La Palma, el rendimiento neto de módulos correspondiente al ejercicio 2024 podrá reducirse en un 20%.

Asimismo, se prevé una reducción adicional del rendimiento neto para las actividades económicas situadas en los municipios afectados por la dana. En concreto, los contribuyentes que apliquen el método de estimación objetiva y desarrollen actividades en estos municipios podrán reducir en un 25% el rendimiento neto de módulos obtenido en 2024.

Compra de coches y otros vehículos eléctricos

Otra de las novedades introducidas es la posibilidad de aplicar la libertad de amortización en la adquisición de vehículos eléctricos nuevos destinados a la actividad empresarial, así como en la instalación de puntos de recarga que entren en funcionamiento durante los períodos impositivos iniciados en 2024 y 2025. Esta medida podrá ser aplicada por los contribuyentes que ejerzan actividades económicas en las que dichos vehículos e infraestructuras de recarga estén directamente afectados, con independencia del método de determinación del rendimiento neto. Este supuesto de libertad de amortización sustituye al mecanismo de amortización acelerada que estaba vigente en el ejercicio anterior.

Por su parte, los contribuyentes no empresarios podrán beneficiarse de una deducción del 15% del valor de adquisición de un vehículo eléctrico nuevo comprado entre el 30 de junio de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, así como por las cantidades abonadas en el mismo período para la instalación de sistemas de recarga de baterías en un inmueble de su propiedad. No obstante, el precio del vehículo adquirido no podrá superar el importe máximo establecido para cada tipo de vehículo en el Anexo III del Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, relativo a las ayudas del programa Moves III en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo.

Obras para ganar eficiencia energética

Se amplía un año más el ámbito temporal de aplicación de las deducciones del 20%, 40% y 60% por obras que mejoren la eficiencia energética de las viviendas, tales como el cambio de ventanas, la instalación de placas solares o la implantación de un sistema de aerotermia.

Deducción por donativos

También se producen mejoras en cuanto a la deducción por donativos. En concreto, el porcentaje de deducción del 80% se aplicará sobre los 250 primeros euros de los donativos con derecho a deducción (antes 150 euros). A la base de deducción que exceda de 250 euros se le aplicará un porcentaje de deducción del 40% (antes 35%). Este porcentaje será del 45% cuando en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de una misma entidad, siendo el importe del donativo de este ejercicio y el del período impositivo anterior, igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio inmediato anterior.

Pago por bizum

Este año, como novedad, se incorpora la posibilidad de realizar el pago del impuesto mediante tarjeta de crédito o mediante la plataforma Bizum.

Por último, se introduce un sistema único para la corrección de autoliquidaciones, que sustituirá el actual sistema dual de autoliquidaciones complementarias y solicitudes de rectificación.

Nuevas casillas para autoliquidación rectificativa

A través de la presentación de una autoliquidación rectificativa, el contribuyente podrá modificar, completar o corregir la autoliquidación presentada con anterioridad. Sin embargo, si la rectificación se debe exclusivamente a la posible vulneración de una norma de rango superior por parte de la norma aplicada en la autoliquidación previa, esta podrá realizarse tanto mediante autoliquidación rectificativa como a través del procedimiento de solicitud de rectificación de autoliquidaciones.

Para facilitar la gestión de estos ajustes, se incorporan dos nuevas casillas en el modelo de autoliquidación. La casilla 669 permitirá registrar aquellas rectificaciones para las que no exista una casilla específica, siempre que la discrepancia de criterio administrativo no pueda resolverse mediante las demás casillas del modelo. El importe reflejado en esta casilla se tendrá en cuenta en el cálculo del resultado de la declaración. Por su parte, la casilla 701 (Documento de ingreso o devolución) permitirá diferenciar, en los casos de solicitudes de devolución, aquellas que derivan de la aplicación de la normativa del impuesto de las que correspondan a solicitudes de ingresos indebidos, teniendo en cuenta el distinto régimen aplicable en cada caso.

Obligación de presentar la declaración

No existe la obligación de declarar cuando se perciban, con carácter general, las siguientes rentas exclusivamente: 22.000 euros de rendimientos del trabajo cuando provengan de un sólo pagador o 15.876 euros (cuantía que se corresponde con el importe del salario mínimo interprofesional para 2024) cuando se perciban rendimientos de más de un pagador -siempre que la suma de las rentas obtenidas por el segundo y restantes pagadores superen 1.500 euros-, de pagadores que no retengan o que lo hagan a tipo fijo, o se perciba pensión compensatoria del cónyuge o anualidades por alimentos que no provengan de los padres; rendimientos de capital mobiliario y ganancias patrimoniales sujetas a retención cuando las percepciones no superen 1.600 euros (no será de aplicación respecto de las ganancias patrimoniales procedentes de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva en las que la base de retención, no proceda determinarla por la cuantía a integrar en la base imponible); y rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos del capital mobiliario de Letras del Tesoro más subvenciones para adquirir viviendas de protección oficial y demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con el límite conjunto de 1.000 euros.

Tampoco tendrá que declarar el contribuyente cuya suma de rendimientos -de trabajo, de capital y de actividades económicas- y ganancias patrimoniales no supere 1.000 euros, permitiéndose en este caso solo pérdidas patrimoniales de menos de 500 euros.

No obstante, estarán obligados a declarar en todo caso los contribuyentes que hayan percibido prestaciones por desempleo y que quieran obtener la devolución que les corresponda por este impuesto o las deducciones por maternidad, familia numerosa o personas con discapacidad a cargo, y los que quieran ejercer su derecho a la deducción por doble imposición internacional, a la deducción transitoria por adquisición de vivienda, o a reducir la base por aportaciones a patrimonios protegidos o sistemas de previsión social.

También tendrán que declarar obligatoriamente las personas titulares del ingreso mínimo vital y las personas beneficiarias integrantes de la unidad de convivencia, así como todas aquellas personas físicas que en cualquier momento del período impositivo hubieran estado de alta, como trabajadores por cuenta propia, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

Fuente: Expansión/REAF

¿Qué es el IVA Franquiciado para los autónomos?
El IVA, el impuesto sobre el Valor añadido es un impuesto indirecto sobre el consumo derivado de la compra de bienes o de servicios profesionales. Es un impuesto que repercute sobre el consumidor final. Se paga en España desde el 1 de enero de 1986, con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. (Más información)

El IVA franquiciado es como se denomina a la posibilidad de no repercutir ese IVA a aquellos autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año. Así, lo autónomos que se acojan a esta opción del IVA franquiciado estarán:

Exentos de realizar la liquidación trimestral de IVA con el modelo 303 y también la del resumen anual con el modelo 390.
Les excluye de realizar facturas con IVA.

Ventajas
La principal ventaja del IVA franquiciado es no tener que presentar la declaración trimestral de IVA. Lo que simplificará los trámites e incluso puede abaratar los servicios de los autónomos y ser más competitivos. Con este sistema, para aquellos autónomos que facturen menos de 85.000€ al año sería sólo obligatorio presentar el IRPF y las declaraciones informativas anuales.

IVA en el exterior
En el ámbito del IVA se utilizan los términos “adquisiciones intracomunitarias” y “entregas intracomunitarias” únicamente cuando se trata de compras y ventas a países miembros de la Comunidad Europea. Este tipo de operaciones tributan en el Estado miembro de destino y se informan en el modelo 349. Hay que tener en cuenta que, a efectos del impuesto, Canarias, Ceuta o Melilla no se consideran territorio de la Comunidad (art. 6 Directiva 2006/112/ CE).

Adquisición intracomunitaria es la compra por empresarios de bienes transportados por el vendedor (otro empresario), el comprador o un tercero en nombre y cuenta de los anteriores desde otro Estado miembro a la Península e Islas Baleares. El IVA se liquida con carácter general en el modelo 303 donde el adquirente declarará el IVA español devengado de la operación que, a su vez, podrá deducir cuando se cumplan los requisitos establecidos (artículos 92 y sig. Ley 37/1992). Más información

En la mayoría de los países de la UE, algunas empresas pueden solicitar un régimen especial que les permite comerciar bajo determinadas condiciones sin necesidad de aplicar el IVA. Si su empresa realiza suministros gravables de bienes o servicios por debajo de un determinado límite anual, puede estar exenta del IVA. En ese caso, no tendrá que abonar el IVA a la administración fiscal, pero tampoco podrá deducir el IVA soportado ni incluir el impuesto en las facturas. Si lo prefiere, puede optar voluntariamente por el régimen normal del IVA: de ser así deberá abonar el IVA, pero también podrá deducir, consiguientemente, el IVA soportado. Más información

Debe tener presente que los límites o umbrales a que nos hemos referido varían de un país a otro y pueden aplicarse condiciones especiales. En algunos países no hay exenciones del IVA para las pequeñas empresas, que deben registrarse desde el momento en que efectúan ventas gravables.

El régimen no se aplica a:

-Las ventas realizadas por empresas radicadas en otros países de la UE
-La actividad económica ocasional
-Las ventas exentas de nuevos medios de transporte a clientes establecidos en otro país de la UE
-Cualquier otro tipo de transacciones, según establezca el país de la UE.

Situación actual

Actualmente, España aún no ha implantado el sistema de IVA franquiciado aunque se esperaba su aplicación reciente conforme a lo indicado en las directrices recogidas en la Directiva (UE) 2020/285.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en su sentencia del 7 de enero de 2025, ha afirmado que la Administración tributaria no puede perseguir penalmente deudas fiscales prescritas, aun cuando el delito fiscal tenga un plazo de prescripción superior al de la deuda tributaria (cinco años). 

El supuesto fáctico enjuiciado se fundamenta en la transmisión de un inmueble por valor de 4.201.741 euros, de los cuales la vendedora percibió un millón en el momento de la firma, quedando el resto del precio sujeto a aplazamiento. 

Al incumplir el pago total, el contrato quedó resuelto, quedándose la vendedora en cumplimiento de la condición resolutoria con la cantidad ya abonada. 

Sin embargo, esta no reflejó el ingreso en su declaración del IRPF, lo que motivó la intervención de la Agencia Tributaria, la cual trasladó a la jurisdicción penal la existencia de presuntos indicios de delito fiscal. 

El Juzgado de lo Penal absolvió a la acusada al considerar que la administración ya no tenía derecho a liquidar el IRPF correspondiente al período 2010, por haber prescrito el derecho de la Administración a su liquidación. 

La Audiencia Provincial confirmó esta decisión al desestimar el recurso de apelación.

A juicio de la abogacía del Estado, el hecho de haber prescrito el derecho de la administración a determinar la deuda tributaria en nada afectaría a la potestad de enjuiciar los delitos ya que deben ser los tribunales del orden jurisdiccional penal quienes valoren la actuación delictiva del obligado tributario, siendo ellos quienes determinen en sentencia el importe de la deuda tributaria dejada de ingresar. 

Lo que prescribiría, en definitiva, es el derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la liquidación y a exigir el pago de las deudas liquidadas, no la actividad de comprobación.

El Tribunal Supremo, sin embargo, introduce una distinción fundamental: si bien la extinción del derecho de la Administración para liquidar la deuda no implica automáticamente la prescripción del ilícito penal, ello no puede traducirse en una reactivación de las potestades administrativas de inspección y comprobación sobre ejercicios prescritos. 

En este sentido, el Alto Tribunal subraya que el derecho a comprobar e investigar que asiste a la Administración conforme al artículo 66 bis LGT no puede operar con efectos retroactivos cuando ya se ha consumado la prescripción del tributo en cuestión.

El Tribunal enfatiza que el artículo 115.1 LGT únicamente permite actuaciones de comprobación respecto de períodos prescritos cuando estos resultan imprescindibles para determinar la tributación de ejercicios no prescritos, pero no para fundamentar la exigibilidad de una deuda ya prescrita. 

El «derecho a comprobar e investigar» que asiste a la Administración Tributaria por el art. 66 bis LGT no experimenta una “extravagante resurrección” en los casos en los que, ya prescrita su capacidad de comprobar e investigar, todavía no ha transcurrido el plazo de 5 años fijado para la prescripción del delito. 

La Abogacía del Estado defiende una capacidad indagatoria «hacia atrás» que carece de toda cobertura legal. 

El legislador no autoriza, fuera de los casos previstos en los arts. 66 bis y 115.1 LGT, una proyección retroactiva de las facultades de inspección respecto de ejercicios prescritos que, lejos de favorecer al contribuyente, lo expone a una nueva fiscalización que desborda el límite del plazo prescriptivo fijado por el art. 66 LGT. 

En efecto, otra cosa es que la no prescripción del delito fiscal autorice a los órganos de inspección a seguir realizando actividades de comprobación e investigación respecto de deudas formalmente prescritas y, por tanto, no fiscalizables por la Administración Tributaria. 

Transcurridos los 4 años fijados por el art. 66 a) LGT, prescribe el derecho de la Administración «…para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación». Y ese cierre a la capacidad indagatoria del Estado sólo la modula el legislador cuando se trata de obtener datos, no para exigir una deuda ya prescrita, sino para determinar las cantidades exigibles en otros períodos impositivos no prescritos.

En suma, no puede considerarse delito contra la Hacienda Pública una imputación fundamentada en deudas tributarias que se encuentran prescritas.

FUENTE: ASESORLEX (Autor/a: Marta Marcos Cardona. Profesora de Derecho Tributario y Vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. )

Miles de trabajadores y funcionarios jubilados tienen derecho a la devolución fiscal en su IRPF, tras la STS 255/2023, REC. CASACIÓN 5335/2021 del 28 de febrero sobre mutualistas e IRPF.

En un expediente de este tipo, el dinero que se puede recuperar varía en función de la situación de cada pensionista, sus ingresos, retenciones, devoluciones efectuadas, etc… pero a modo de media, se puede estimar entre 2.400 y 3.000 euros por el período completo no prescrito reclamado, aunque hay contribuyentes con mayor o menor cuantía dependiendo de su vida laboral y las circunstancias personales existentes en el cálculo de su IRPF. Es decir, además del ajuste en 2.023, estos pensionistas pueden solicitar la devolución de los pagos a cuenta del IRPF en los ejercicios tributarios que aún no han prescrito, es decir, de 2019 (incluido) en adelante y además recibirán los intereses de demora correspondiente sin necesidad de solicitarlos expresamente.

En situación emana ya que las cotizaciones a la Seguridad Social, ente creado en 1967, fueron consideradas un gasto deducible en el Impuesto sobre la Renta, mientras que las cuotas de las mutualidades tributaban por dicho impuesto en su totalidad, lo que se traducía en un desequilibrio evidente entre dos colectivos de trabajadores.

La sentencia del Tribunal Supremo sobre mutualistas e IRPF reconoce el derecho de miles de pensionistas a disfrutar de esta rebaja fiscal con el objetivo de impedir la doble imposición. Puesto que los mutualistas estarían tributando dos veces por lo mismo. Primero a través de sus cuotas a las mutualidades y, después, en su pensión.

La reducción fiscal debe aplicarse sobre la cuantía de la pensión de los jubilados mutualistas de forma proporcional a esos períodos de tiempo, con respecto a la totalidad de su vida laboral. Es decir, si el periodo que cotizaron a las mutualidades laborales supone un 15% de su vida laboral, la reducción fiscal se aplicará a ese 15%.

Además de ello, la sentencia sobre mutualistas e IRPF reconoce tanto el derecho de los pensionistas a que se les devuelva lo tributado de más durante los periodos impositivos que aún no han prescrito (actualmente 2019-2020-2021-2022) así como, por otro lado, que la rebaja fiscal se aplique a partir de ahora en sus declaraciones tributarias futuras.

Con la finalidad de aplicar lo establecido en la disposición transitoria segunda (en adelante DT 2ª) de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para los pensionistas que reciben en la actualidad prestaciones que procedan de aportaciones a mutualidades de previsión social que puedan dar lugar a reducción en la tributación de sus rendimientos del trabajo conforma lo establecido en la citada disposición, en la declaración de Renta 2023 se van a calcular ajustes sobre las pensiones de jubilación o invalidez, para conseguir esta menor tributación.

Miles de trabajadores y funcionarios jubilados tienen derecho a la devolución fiscal en su IRPF, tras la STS 255/2023, REC. CASACIÓN 5335/2021 del 28 de febrero sobre mutualistas e IRPF.

En un expediente de este tipo, el dinero que se puede recuperar varía en función de la situación de cada pensionista, sus ingresos, retenciones, devoluciones efectuadas, etc… pero a modo de media, se puede estimar entre 2.400 y 3.000 euros por el período completo no prescrito reclamado, aunque hay contribuyentes con mayor o menor cuantía dependiendo de su vida laboral y las circunstancias personales existentes en el cálculo de su IRPF. Es decir, además del ajuste en 2.023, estos pensionistas pueden solicitar la devolución de los pagos a cuenta del IRPF en los ejercicios tributarios que aún no han prescrito, es decir, de 2019 (incluido) en adelante y además recibirán los intereses de demora correspondiente sin necesidad de solicitarlos expresamente.

En situación emana ya que las cotizaciones a la Seguridad Social, ente creado en 1967, fueron consideradas un gasto deducible en el Impuesto sobre la Renta, mientras que las cuotas de las mutualidades tributaban por dicho impuesto en su totalidad, lo que se traducía en un desequilibrio evidente entre dos colectivos de trabajadores.

La sentencia del Tribunal Supremo sobre mutualistas e IRPF reconoce el derecho de miles de pensionistas a disfrutar de esta rebaja fiscal con el objetivo de impedir la doble imposición. Puesto que los mutualistas estarían tributando dos veces por lo mismo. Primero a través de sus cuotas a las mutualidades y, después, en su pensión.

La reducción fiscal debe aplicarse sobre la cuantía de la pensión de los jubilados mutualistas de forma proporcional a esos períodos de tiempo, con respecto a la totalidad de su vida laboral. Es decir, si el periodo que cotizaron a las mutualidades laborales supone un 15% de su vida laboral, la reducción fiscal se aplicará a ese 15%.

Además de ello, la sentencia sobre mutualistas e IRPF reconoce tanto el derecho de los pensionistas a que se les devuelva lo tributado de más durante los periodos impositivos que aún no han prescrito (actualmente 2019-2020-2021-2022) así como, por otro lado, que la rebaja fiscal se aplique a partir de ahora en sus declaraciones tributarias futuras.

Con la finalidad de aplicar lo establecido en la disposición transitoria segunda (en adelante DT 2ª) de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para los pensionistas que reciben en la actualidad prestaciones que procedan de aportaciones a mutualidades de previsión social que puedan dar lugar a reducción en la tributación de sus rendimientos del trabajo conforma lo establecido en la citada disposición, en la declaración de Renta 2023 se van a calcular ajustes sobre las pensiones de jubilación o invalidez, para conseguir esta menor tributación.

En su día, la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre de 2021, declaró la inconstitucionalidad de determinados artículos del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, referidos al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Sin embargo, el propio Tribunal excluyó la aplicación retroactiva de la sentencia, considerando que no eran susceptibles de revisión las obligaciones tributarias devengadas por este impuesto, que a esa fecha habían sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme.

Ahora, el Tribunal Supremo, mediante Sentencia de 28 de febrero de 2024, entiende que se puede obtener la devolución de lo pagado por el I.I.V.T.N.U. cuando en la transmisión que origina la liquidación, no se generó ganancia alguna y, por tanto, no se generó incremento del valor de los terrenos. El Alto Tribunal considera que, al haberse pagado por una ganancia que no existió, aunque la liquidación sea firme, cabe la devolución del impuesto, siempre que no se haya excedido del plazo de prescripción.

Acceso a la sentencia: Nota-Informativa-3-2024-STS-28-FEBRERO-2024.pdf (economistasmalaga.com)

Cuántas veces se puede dar de alta y baja de autónomo al año

Cuando te das de alta de autónomos y no es el día 1 pagas la cuota por los días del mes del alta y no el mes completo.

Te puedes dar alta y baja de autónomos hasta 3 veces. Pero puedes hacerlo todas las veces que quieras.

Lo que pasa es que esas 3 veces pagarás la cuota por los días del mes. A partir de la 4ª vez pagas el mes completo aunque solo estés dado de alta por ejemplo un par de días.

Qué pasa si tienes tarifa plana de autónomos

Lo más importante es que desde el momento en el que te des de baja pierdes la tarifa plana. Lo que provoca que a la siguiente vez tengas que pagar la cuota normal de autónomos. O esperar 3 años así que tu plan ya no es tan válido.

Por eso si estás con la tarifa plana no merece la pena darte de baja y alta porque si haces las cuentas un solo mes de la cuota normal equivale a casi 5 meses de tarifa plana. Vamos que no tiene sentido darte de baja por unos meses.

Seguro que la intención de dar de alta y baja de autónomos es para evitar la cuota de autónomos cada mes. Es complicado hacer frente a esta cuota.

Durante el tiempo que estás de alta reúnes las facturas a tus clientes.

En este sentido ten en cuenta que si haces altas y bajas continuas pueden decirte algo. No porque no puedas hacerlo. Si no porque esos trabajos que has facturado debes haberlos realizado durante los días que has estado de alta. Vamos que no vale hacer el trabajo, darte de alta un par de días y facturar ese trabajo. Ahí sí te pueden decir algo.

Los gastos también deben ser con la fecha que estás de alta. No vale deducir gastos de antes.

Autora: Patricia Lara Narváez

Economista

¿Están las entidades sin ánimo de lucro obligadas a presentar el modelo 347?

El modelo 347 es una declaración anual en la que se comunica a Hacienda las operaciones que se han realizado con terceras personas, siempre y cuando hayan sido superiores a 3.005,06 euros, en la totalidad del año, o si han recibido subvenciones públicas por dicha cuantía.

Por tanto, asociaciones, fundaciones y federaciones están obligadas a presentar dicha declaración.

Si la protectora solicitó los servicios veterinarios durante el año para curar animales, y el veterinario no ha realizado retenciones (ya que puede ser una S.A. o S.L), la protectora debe presentar este modelo informativo en caso de que haya superado la mencionada cuantía. O en el caso de gastos con proveedores superiores a 3.005,06 euros (alimentación para animales, medicamentos/fungibles, instalaciones, u otros servicios sin retenciones), siendo cualquier operación susceptible de ser presentada en este modelo mientras supere esa cuantía. Las retenciones son practicadas por aquellos profesionales autónomos, por lo que habiendo presentado en el trimestre el modelo 111 y abonado su cuantía, además de haber presentado el resumen informativo anual de esta operación, la Agencia Tributaria no necesitará que se presente el modelo 347, ya que con la anterior declaración quedó informada.

El plazo para presentar el modelo 347 finaliza el día 28 de febrero. En caso de no presentar este modelo informativo, la Agencia Tributaria puede sancionar a la organización ya que el proveedor que emitió las facturas está obligado a presentar dicho modelo, con lo cual la Agencia tendrá ese cruce de datos a falta de una de las partes. La no presentación o cumplimentación incorrecta, según el artículo 198 de la LGT, puede ser sancionada con una multa pecuniaria fija de 20 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad que hubiera debido incluirse en la declaración con un mínimo de 300 euros y un máximo de 20.000 euros.

Si está interesado en saber más, puede contactar con nosotros en info@taxacioconsulting.com o a través del formulario web https://asesorfiscalmalaga.com/contacto

Autor: Fernando Fdez. Ruiz

Economista REC REAF

En el post de hoy, analizamos la controvertida cuestión sobre los gastos por renting y su carácter deducible en el IRPF de los profesionales y empresarios autónomos en dicho tributo.

En este caso, la Dirección General de Tributos ha aclarado que si bien la afectación del vehículo rige por los artículos 29.2 de la LIRPF y 22 del RIRPF, los gastos asociados al arrendamiento de este se determinan, para los autónomos en estimación directa, conforme a las normas del Impuesto sobre Sociedades.

Similar aceptación del caso del renting de un vehículo podemos extrapolar a elementos de inmovilizado como equipos informáticos o equipamiento técnico.

Los autónomos son trabajadores que realizando la ordenación por cuenta propia de medios materiales y humanos desarrollan una actividad económica. Esta actividad puede incardinarse dentro de todos los ámbitos del espectro empresarial y en ocasiones se muestra necesario la utilización de determinados medios o herramientas que por su coste supondrían una inversión inasumible para, la mayoría de situaciones, una empresa individual.

Es por ello que muchos recurren a alguna modalidad de arrendamiento para llevar a cabo su actividad. En particular, en el ámbito de los vehículos se distinguen las modalidades de leasing o renting. La Dirección General de Tributos en Consulta Vinculante (V1937-21), de 21 de junio de 2021, ha llevado a cabo un análisis del arrendamiento de un vehículo en la modalidad de renting por un abogado que decide emplearlo tanto para fines profesionales como personales.

De este modo, determina la mencionada consulta efectuada a la Dirección General de Tributos comparte el siguiente criterio:»….para que el vehículo tenga la consideración de elemento patrimonial afecto sería necesaria la afectación exclusiva a la actividad, salvo que se trate de una actividad recogida en el apartado 4, y sólo desde esta perspectiva podrían considerarse deducibles los costes y gastos ocasionados por su adquisición y utilización. No operando la deducibilidad en el IRPF si no existe esa afectación exclusiva.

Manifestada la necesidad de la afectación exclusiva del vehículo a la actividad, en el caso de que la tenencia del vehículo derivase de un contrato de renting, para la deducibilidad de las cuotas derivadas de la operación de renting se debe acudir al artículo 30 de la Ley del Impuesto, que dispone que el rendimiento neto de las actividades económicas se determinará “según las normas del Impuesto sobre Sociedades…»Y por lo tanto, concluye, respecto al contrato de renting que tendrán la consideración de gasto fiscalmente deducible la carga financiera satisfecha a la entidad arrendadora y la parte de las cuotas de arrendamiento financiero satisfechas correspondiente a la recuperación del coste del bien, esta última con el límite del importe que resulte de aplicar a dicho coste el duplo (el triple, si tiene la consideración de empresa de reducida dimensión) del coeficiente de amortización lineal según tablas de amortización oficialmente aprobadas que corresponda al citado bien. El exceso será deducible en los períodos impositivos sucesivos, respetando igual límite».

Así que podemos resumir la figura del renting como una fórmula que se adecua a cubrir las necesidades de equipamiento de los empresarios autónomos ante el rechazo de la administración tributaria a aceptar la adquisición de un vehículo como deducible, salvo que se utilice exclusivamente al 100% en su actividad y en ningún caso, ni mínima que sea, para uso particular.

FISCALIDAD NACIONAL

TRIBUTACION – RECAUDACION EJECUTIVA

Autor: Fernando Fdez. Ruiz

Economista

Los embargos que lleva a cabo la AEAT sobre salarios, pensiones, etc… se encuentra recogido en el RD 939/2005 (RGR) y más concretamente, el art. 82 de dicha norma regula el embargo de este tipo de prestaciones. Así, una persona que perciba un salario o pensión inferior al SMI, no podría ser embargada, o si es superior, podría embargarse un 30% del segundo tramo (SMI x 2), un 50% del tercer tramo (SMI x 3), etc…..

Asentado lo anterior, el TEAC en fallo de 18 de octubre de 2021, ha entrado a valorar la situación del embargo del derecho a las prestaciones del partícipe en un plan de pensiones, si éste se encuentra recogido en el art. 93, ya que el perceptor solicitaba que se le aplicase esta limitación de embargo para no ser embargada la totalidad de las cantidades percibidas.

Este fallo, determina que, el hecho de que una de las causas del derecho a la prestación de un plan de pensiones sea la jubilación, invalidez, o desempleo de larga duración, no hace que por ello adquiera la consideración de sueldo, salario o pensión, al margen de su tributación en el IRPF. Es decir, estaríamos en el escenario en el que esta percepción se trata de un derecho de crédito cuya efectividad se produce cuando tenga lugar alguna de las contingencias previstas en el art. 8.6 del RDLeg. 1/2002 (TR Ley Planes y Fondos de Pensiones), por ejemplo, la jubilación del beneficiario.

En consecuencia, con el fallo emitido por el TEAC, no son aplicables los límites del art. 607 de la Ley 1/2000 (LEC) a los derechos sobre prestaciones de un plan de pensiones, siendo aplicables únicamente al embargo de sueldos, salarios y pensiones. ¿Y qué quiere decir esto? Que esos derechos de créditos no tienen la limitación del art.607 LEC de embargos de salarios, pensiones, etc… sino que pueden ser embargados como créditos y, por tanto, su total embargo sin límite de cuantía alguna.

Para cualquier consulta o duda, puede contactar con nosotros en http:://asesorfiscalmalaga.com/contacto/