La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en su sentencia del 7 de enero de 2025, ha afirmado que la Administración tributaria no puede perseguir penalmente deudas fiscales prescritas, aun cuando el delito fiscal tenga un plazo de prescripción superior al de la deuda tributaria (cinco años). 

El supuesto fáctico enjuiciado se fundamenta en la transmisión de un inmueble por valor de 4.201.741 euros, de los cuales la vendedora percibió un millón en el momento de la firma, quedando el resto del precio sujeto a aplazamiento. 

Al incumplir el pago total, el contrato quedó resuelto, quedándose la vendedora en cumplimiento de la condición resolutoria con la cantidad ya abonada. 

Sin embargo, esta no reflejó el ingreso en su declaración del IRPF, lo que motivó la intervención de la Agencia Tributaria, la cual trasladó a la jurisdicción penal la existencia de presuntos indicios de delito fiscal. 

El Juzgado de lo Penal absolvió a la acusada al considerar que la administración ya no tenía derecho a liquidar el IRPF correspondiente al período 2010, por haber prescrito el derecho de la Administración a su liquidación. 

La Audiencia Provincial confirmó esta decisión al desestimar el recurso de apelación.

A juicio de la abogacía del Estado, el hecho de haber prescrito el derecho de la administración a determinar la deuda tributaria en nada afectaría a la potestad de enjuiciar los delitos ya que deben ser los tribunales del orden jurisdiccional penal quienes valoren la actuación delictiva del obligado tributario, siendo ellos quienes determinen en sentencia el importe de la deuda tributaria dejada de ingresar. 

Lo que prescribiría, en definitiva, es el derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la liquidación y a exigir el pago de las deudas liquidadas, no la actividad de comprobación.

El Tribunal Supremo, sin embargo, introduce una distinción fundamental: si bien la extinción del derecho de la Administración para liquidar la deuda no implica automáticamente la prescripción del ilícito penal, ello no puede traducirse en una reactivación de las potestades administrativas de inspección y comprobación sobre ejercicios prescritos. 

En este sentido, el Alto Tribunal subraya que el derecho a comprobar e investigar que asiste a la Administración conforme al artículo 66 bis LGT no puede operar con efectos retroactivos cuando ya se ha consumado la prescripción del tributo en cuestión.

El Tribunal enfatiza que el artículo 115.1 LGT únicamente permite actuaciones de comprobación respecto de períodos prescritos cuando estos resultan imprescindibles para determinar la tributación de ejercicios no prescritos, pero no para fundamentar la exigibilidad de una deuda ya prescrita. 

El «derecho a comprobar e investigar» que asiste a la Administración Tributaria por el art. 66 bis LGT no experimenta una “extravagante resurrección” en los casos en los que, ya prescrita su capacidad de comprobar e investigar, todavía no ha transcurrido el plazo de 5 años fijado para la prescripción del delito. 

La Abogacía del Estado defiende una capacidad indagatoria «hacia atrás» que carece de toda cobertura legal. 

El legislador no autoriza, fuera de los casos previstos en los arts. 66 bis y 115.1 LGT, una proyección retroactiva de las facultades de inspección respecto de ejercicios prescritos que, lejos de favorecer al contribuyente, lo expone a una nueva fiscalización que desborda el límite del plazo prescriptivo fijado por el art. 66 LGT. 

En efecto, otra cosa es que la no prescripción del delito fiscal autorice a los órganos de inspección a seguir realizando actividades de comprobación e investigación respecto de deudas formalmente prescritas y, por tanto, no fiscalizables por la Administración Tributaria. 

Transcurridos los 4 años fijados por el art. 66 a) LGT, prescribe el derecho de la Administración «…para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación». Y ese cierre a la capacidad indagatoria del Estado sólo la modula el legislador cuando se trata de obtener datos, no para exigir una deuda ya prescrita, sino para determinar las cantidades exigibles en otros períodos impositivos no prescritos.

En suma, no puede considerarse delito contra la Hacienda Pública una imputación fundamentada en deudas tributarias que se encuentran prescritas.

FUENTE: ASESORLEX (Autor/a: Marta Marcos Cardona. Profesora de Derecho Tributario y Vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. )